En contestación al escrito del Presidente de una determinada Asociación Profesional de Directores de Seguridad, formulando consulta sobre diversas cuestiones relacionadas con el régimen jurídico de los jefes y directores de seguridad, esta Secretaría General Técnica, previo informe de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, emitió el siguiente informe:

Con carácter previo al análisis de las cuestiones planteadas en el escrito de referencia, debe señalarse, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, relativo a los derechos de los ciudadanos, en relación con el artículo 4 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, relativo al principio de servicio a los ciudadanos, que las Administraciones Públicas, en función de sus disponibilidades, habrán de proporcionar información y orientación a los ciudadanos acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que impongan las disposiciones vigentes, auxiliarles en la redacción formal de documentos administrativos y proporcionarles información de interés general por medios telefónicos, informáticos o telemáticos.

En consecuencia, si bien la labor de asesoramiento que corresponde a esta Secretaría General Técnica, de acuerdo con el artículo 10.2.a) del Real Decreto 1181/2008, de 11 de julio, por el que se modifica y desarrolla la estructura orgánica básica de este Ministerio, se circunscribe a los órganos del propio Departamento, en virtud del deber general de colaboración con los ciudadanos que corresponde a la Administración, se viene dando respuesta a las peticiones de informe que se formulan sobre asuntos de la competencia de este Ministerio.

Ahora bien, los informes o respuestas que emite este Centro Directivo tienen un carácter meramente informativo y orientativo –nunca vinculante- para quien los emite y para quien los solicita, sin que quepa atribuir a los mismos otros efectos o aplicaciones distintos del mero cumplimiento del deber de servicio a los ciudadanos antes citado y, obviamente, nada tienen que ver con los informes preceptivos a que se refieren los artículos 22.2 y 24.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, en relación con el procedimiento de elaboración de leyes y reglamentos.

Asimismo, debe señalarse que, como norma general, cualquier consulta o petición dirigida a una Unidad de este Ministerio deberá formularse, bien mediante escrito dirigido y remitido por correo ordinario a la Unidad de que se trate, bien mediante correo electrónico a través de la página web del Departamento (estafeta@mir.es).

Centrándonos ya en el análisis de las cuestiones objeto de consulta, cabe formular las siguientes consideraciones:

   El ente público que gestiona los 47 aeropuertos de la red invierte 1.000 millones de euros al año en seguridad, de ellos más de 120 millones de euros a la protección de bienes y personas, lo que la convierte en la empresa española que más servicios de seguridad privada contrata, subrayó hoy el presidente de Aeropuertos Españoles y navegación Aérea (AENA), Juan Ignacio Lema.

   Durante la inauguración del I Encuentro sobre Seguridad Aeroportuaria, Lema destacó que la "seguridad" es un dogma para el ente público que trabaja "sin descanso" para ofrecer a los pasajeros los "más altos niveles de seguridad posibles en cada momento", tanto en lo relativo a la seguridad operacional como la física.

   En la actualidad, unos 4.000 vigilantes privados prestan sus servicios en los aeropuertos públicos, con un gasto de unos 120 millones de euros, un 18% de la facturación en vigilancia en el sector público.

   Lema aseguró que en esta labor es "indispensable" la colaboración "incondicional" entre AENA y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, desde la firma hace diez años de un convenio entre el Ministerio de Interior y el gestor aeroportuario para reforzar la actuación en las infraestructuras aeroportuarias.

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid ha anunciado la creación de un Comité de Dirección de Seguridad, que agrupará bajo las órdenes de Enrique Barón a los «directores, jefes y responsables de Seguridad de todas las consejerías, entidades y empresas públicas vinculadas con la Comunidad de Madrid». 

Con el nuevo Comité de Dirección de Seguridad, el consejero pretende que «exista una coordinación que hasta ahora no había » y que «toda la seguridad de la Comunidad de Madrid esté coordinada por este Comté». Así lo ha manisfestado Granados durante su comparecencia en el pleno de la Asamblea de la Comunidad, donde ha dado cuenta  de la reordenación del Área de Seguridad que está llevando a cabo en su Consejería de Presidencia, Justicia e Interior. Según esa reordenación todo dependerá del director general de Seguridad e Interior, Enrique Barón, según  señaló Granados. 

 La reestructuración viene motivada por la llegda a esta Consejería del Cuerpo de Agentes Forestales que dependía de Medio Ambiente, y de 80 nuevos policías nacionales que se encargarán de la «vigilancia de instalaciones y personas». Estos policías -que llegan a la Comunidad de Madrid en virtud de un convenio firmado con el Ministerio del Interior- compondrán una nueva Unidad Adscrita de la Policía, que al iguel que el nuevo departamento de Agentes Forestales dependerá de la dirección de Barón.

El pasado día 23 de febrero, miembros de la Junta Directiva de FEADS, Federación Española de Asociaciones de Directores de Seguridad, se reunieron en el Ministerio del Interior, representado por José Luis López Esteban, Asesor Ejecutivo del Ministro del Interior.

En dicha reunión se le hizo entrega de un escrito que contenía el Manifiesto de Zaragoza y el Estatuto Básico del Director de Seguridad.

La comisión de FEADS expuso el contenido del Estatuto Básico del Director de Seguridad, sobre todo en los puntos más destacados, Formación, Convalidación, Obligatoriedad del Departamento de Seguridad y Denominación.

Por parte del Ministerio, José Luis López Esteban fue en todo momento receptivo, demostrando conocer perfectamente la situación actual de la figura del Director de Seguridad, se comprometió a estudiar y analizar la documentación presentada, trasladándola a la Secretaría Técnica del Ministerio, y a darnos una respuesta, ofreciendo mantener un canal abierto con el Ministerio del Interior para cualquier iniciativa que FEADS quiera trasladar.

José Luis López Esteban

Las actuaciones de investigación de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por el uso de videocámaras se multiplicaron por 15 en los últimos tres años, hasta alcanzar las 365 en 2008, según explicó el director de este organismo, Artemi Rallo.

Rallo dio a conocer esta cifra durante la presentación de la guía de videovigilancia en el marco de la segunda sesión anual abierta de Protección de datos, que contó en su inauguración con la participación del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.

Así, este sector ocupa el tercer lugar en cuanto a denuncias recibidas por la AEPD y se sitúa por debajo de 'telecomunicaciones', 'financiero' y 'spam' en relación a las actuaciones desarrolladas el año pasado. En 2007, fueron un total de 123 mientras que en el año 2006 se situaron en 24.

Según destacó Rallo, estos datos demuestran que, si bien los ciudadanos son "favorables" a la instalación de cámaras por su seguridad, también manifiestan "una preocupación sobre hasta que punto se puede producir esta invasión".